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El diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso, presentó un proyecto de Ley de Acceso al trabajo para personas trans que garantiza el derecho al trabajo digno y trato igualitario, estipulando cupo laboral que el Estado Nacional deberá garantizar en todos sus niveles y dependencias. Eduardo Fernández es cofirmante del texto.

“Entre las muchas deudas que tiene la democracia argentina se encuentra la real inclusión social de la población trans”, argumenta Eduardo Fernández, consultado sobre las razones de su cofirma del proyecto de ley.
Si bien la Ley de Identidad de Género, sancionada por el Congreso de la Nación en 2012, significó una conquista histórica y pionera en el mundo en materia de derechos humanos, permitiendo que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscritas en sus documentos con el nombre y el género que vivencian, el acceso al mundo laboral sigue siendo muy difícil para esta población.
La periodista Virginia Digón afirmó en un artículo, publicado en La Voz del Interior el pasado 17 de marzo, que “el 91 por ciento de la población trans no tiene un trabajo registrado; que el 82 por ciento atribuye las dificultades para acceder a un empleo formal a la discriminación por identidad y/o expresión de género; y que el 64 por ciento no tiene cobertura de salud. Además, el 45 por ciento ejerce o ejerció en algún momento el trabajo sexual o estuvo en situación de prostitución”.

El proyecto
La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el nombramiento de Alba Rueda como subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, primera persona trans en alcanzar ese rango en la estructura gubernamental argentina, hablan de la intención de avanzar en políticas de género por parte del Gobierno Nacional. En ese clima se inscribe el proyecto presentado por el diputado Grosso.
El texto prohíbe la discriminación por motivos de identidad y/o expresión de género con respecto a todas las cuestiones relativas al mundo del trabajo, incluidas las condiciones de selección, contratación y la continuidad, garantizando igualdad de condiciones con las demás personas. Promueve la capacitación a través de programas de orientación técnica y formación profesional e incentiva el empleo en el sector público y privado mediante políticas públicas que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas.

Cupos e incentivos
En su artículo noveno, el proyecto estipula que el Estado Nacional, en el ámbito de sus tres poderes, las empresas estatales dependientes del mismo, los órganos descentralizados, los entes públicos no estatales, las empresas con capital estatal mayoritario y los organismos privados con funciones públicas, están obligados a mantener un porcentaje de empleados y empleadas trans no inferior al uno por ciento de su planta transitoria, permanente y contratada.
En el ámbito privado, las empresas que contraten a una persona trans, tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en los importes a abonar en concepto de Impuesto a las Ganancias o sobre los capitales equivalente al setenta por ciento de las retribuciones bruta correspondientes a éste personal en cada período fiscal.

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